Crisis en el aparato de gobierno: La salida tiránica / Por Adrian de la Rosa.

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Recién escuché una conferencia del Dr. Sergio García Ramírez en la que nos habló, como suele hacerlo el Dr. García Ramírez, con esa sencillez y profundidad que le han otorgado los años de experticia, ¿el tema? el ejercicio del poder en México. Ya podrán imaginarse la bastedad de argumentos llenos de profunda razón jurídica y práctica social. Pero dos conceptos me resultaron atractivos, sobresalientes al resto, la preservación de la estructura democrática y la proporcionalidad del ejercicio del poder en México.

A partir de ahí, se encarnó la inquietud de saber si las medidas adoptadas hasta ahora por nuestro gobierno son congruentes con el estado de derecho vigente, sobre todo aquellas que se han venido adoptando a lo largo de la pandemia, principalmente en el poder ejecutivo y en el legislativo. La primera cosa que vino a mi mente, fueron los dictados que nacen ya en forma de iniciativas preferentes desde la presidencia de la república o a partir de “desayunos” con el presidente de la cámara de senadores y de charlas con quien fuere el coordinador de la bancada morenista en la de Diputados en San Lázaro, y hoy presidente de su partido.

México es un país con desigualdades históricas, con costumbres diversas, algunas ancestrales, otras no tanto; pero no es el mismo México el de la industriosa frontera norte, que el del desarrollo económico de la industria turística del pacífico y caribe mexicano, el del comercio impetuoso del centro, bajío y occidente con su ensamble e industria metalmecánica, que el de la selva húmeda del sur-sureste, ahora venido a menos por la pérdida de terreno de la industria petrolera nacional. Sin duda, la mayor o menor medida del desarrollo regional, en mucho se debe si a la mejor o peor visión de los gobernadores de cada entidad federativa, pero sin duda que a las condiciones de desarrollo económico nacionales.

En cada entidad federativa se impulsa o se desalienta la generación de empleos, se mejora o empeora la calidad y cantidad de estos; pero bien o mal, en la suma de cada uno se genera la riqueza del país, todos de distintas formas contribuyen con su competitividad no solo en generar mayor ingreso; al mismo tiempo, se fortalece la hacienda pública nacional. Algo que no todos los mexicanos terminan por tener claro, en especial, que la distribución del ingreso nacional, guarde proporción con ese desarrollo social y económico de cada entidad federativa.

Por eso la inquietud de revisar si las medidas tomadas por el gobierno son congruentes y proporcionales con los Derechos Humanos de todos, en cada región del país, con nuestras libertades básicas, pues el fin último de la República y su ejercicio de gobierno, es precisamente ese, el de la preservación de los Derechos Humanos y nuestras libertades.

En materia de salud, vale la pena recordar que tratándose de la Pandemia -conforme a la Constitución- es el Consejo de Salubridad General -esta figura creada en rango constitucional-, el responsable de garantizar y preservar la salud colectiva de todos. Entonces ¿Qué ha sido del manejo de esos entes, frente a la pandemia? ¿Quienes lo representan? Es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las disposiciones que emite son de carácter general y obligatorias en el país.

Demos un vistazo, pero antes, recordemos lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la pandemia, la cual destaca la prevalencia de los Derechos Humanos de las Personas sin discriminación alguna, lo que descarta por ejemplo la posibilidad de preferir la vida de un joven, respecto de la de una persona de la tercera edad, como luego se reglamentó. Y que de darse el caso, se estaría ante la presencia de un caso de posible responsabilidad internacional.

Luego en otra Opinión, habremos de cuestionar si el gobierno federal, en el proceso de enfrentar la pandemia se ha apegado a los principios de máxima trasparencia y rendición de cuentas y cuáles han sido las consecuencias en la implementación que así ha venido haciendo; pero, eso lo abordaremos más adelante, porque ahora una pregunta es inevitable, ¿Funciona México como una República Federal -Federalismo- o a la República que reconoce nuestra Constitución se le ha impuesto un proyecto político de facto? El constante regate del presidente hacia las peticiones de la CONAGO o a los gobernadores en lo particular, nos dice que la Concentración del poder es un hecho que se ha recrudecido bajo el pretexto de la Pandemia. La más reciente prueba fue la tardía “liberación para la adquisición de la vacuna” a los gobernadores, lo que sin duda tiene sus impactos directos en la población de cada Estado y en la sustentabilidad del desarrollo económico de cada región del país. Ni que decir en las economías de cada familia.

Por supuesto, nuestro federalismo no es como el suizo, ni como el norteamericano o el alemán, es un federalismo a la mexicana; pero es Federalismo reconocido en la Constitución. Recordemos su significado que proviene del latín foedus que significa Unión, Alianza, Pacto o Acuerdo; al que en la ciencia política se le da el significado de “Unión de diferentes conjuntos políticos, que a pesar de su asociación conservan su carácter individual”, Podemos transitar por diferentes conceptos como el de Johanner Althusius (1577-1638), el de Montesquieu (1689-1755), o el colectivo de Alexander Hamilton, John Jay y James Madison (1787-1788), el de Alexis Tocqueville (1805-1859), pero me quedaré con el que acuñó el mexicano Jesús Reyes Heroles en su obra “El Liberalismo Mexicano” quien asume “son los estados soberanos quienes celebran un pacto -Federan- mediante sus representantes, creando la Federación y expresando los Derechos que le ceden; estableciendo además, que entre lo poco que el liberalismo mexicano consigue está la consignación de la forma Federal de nuestra República Mexicana.”

Entonces, si lo vigente en nuestra Constitución es la figura de la República Federal, ¿Cómo es que hemos llegado al punto actual donde la concentración del poder se permite a sí misma, el cierre de todas las puertas a los gobernadores de las Entidades Federativas? Lo que es más grave, a pesar de la declaratoria de Emergencia Sanitaria del Consejo de Salubridad General. Sin duda un análisis cronológico nos permitirá hacer conciencia histórica de la permisividad y desdén que abrió las puertas al autoritarismo y al abuso del poder como abierta imposición al Pacto Federal. Entonces, ¿Cuáles son los impactos Sociales y Económicos que resiente la población en las entidades federativas? ¿Qué impactos ha tenido la Pandemia en los estados de la república, en su población? ¿Quién responderá por todo ese daño, que por cierto aún no termina de consumarse?

¿Acaso no es evidente la incomunicación que ha impuesto el poder ejecutivo federal -presidencia de la república- a los gobernadores de oposición? ¿Acaso no es evidente el quebranto al interior del poder ejecutivo federal? Por más que se distorsione la información y se pretenda abrumar a la población con discursos agresivos o engañosos, la verdad es una, no hubo la necesaria anticipación para preadquirir las vacunas, ello refleja el desinterés de este gobierno federal por lo más preciado que salvaguarda nuestra Constitución, LA VIDA. ¿Qué tal el suministro de recursos públicos para las obras de dos bocas, tren maya, adquisición de estadios de béisbol, aeropuerto de San Lucía, o para el gasto en bots de redes sociales que se suma al de las mañaneras, desde donde lo mismo se hace campaña política que se desprestigia y amenaza a los opositores de este Régimen de gobierno Impuesto de Facto?

Cabe aquí aclarar que una cosa es tener la constancia de mayoría de una elección constitucional y otra muy distinta, dejar de cumplir el MANDATO CONSTITUCIONAL, para asumir una forma de poder alterna y no prevista en nuestra constitución, a eso se le denomina forma de gobierno de facto. Así, la concentración de poder que materializa el presidente de la República, en la suma nos arroja una inoperancia e insuficiencia del federalismo, no porque no exista jurídicamente, sino por imposición material, por abuso del poder.

¿Que duda cabe? Los derechos humanos individuales y colectivos se han visto afectados como consecuencia de este inusitado y terco esfuerzo del poder ejecutivo federal por ocultar la verdad, se han reservado dar a conocer algo fundamental en esta pandemia, que daría certeza a la población del trabajo del gobierno para enfrentar la pandemia: Los contratos de adquisición de las vacunas. Nadie sabe con certeza si se adquirieron. Lo poco que se deduce, es a partir de las especulaciones con tintes publicitarios de la llegada de vacunas. ¿Cuántas? Pocas, muy pocas. La renuncia de quien diseñó el plan de vacunación, desalienta la esperanza de que se respete dicho plan, mientras más médicos y personal de salud, son víctimas del Covid-19 y el contagio en las últimas fechas, llega a proporciones mayúsculas.

Aunque el derecho a la preservación de la vida es lo más fundamental de nuestra constitución, el paso de un año a otro, de un mes a otro, tristemente nos ha demostrado que no solo no ha se hace, ni hizo, con la debida oportunidad ningún esfuerzo por preservar, ni la sustentabilidad del desarrollo económico o social, ni la salud y menos la vida de nosotros, la población. Son controversiales los números oficiales de fallecidos por covid-19, revistas internacionales especializadas dan cuenta de ello, y afirman que conservadoramente son al menos del doble. Por ello es hasta ahora que contra la práctica obervada a casi un año del primer contagio, el gobierno del presidente apenas empieza a dar los primeros trazos de adquisición de vacunas, ¿Cuáles? Las que encuentren en un mercado creciente y demandante del medicamento, que ahora va mucho más allá de la oferta posible de las farmacéuticas.

Todo parece encaminado a un escenario que apunta peligrosamente a la suspensión de garantías, coincidentemente en las fechas del proceso electoral más importante de nuestra vida democrática -no sería raro que haya sido pensado así desde la cúpula de este poder-. Esa posibilidad no sería un asunto menor, significa que los deberes del estado se suspenderían -si a Usted le parece que hoy no se cumplen cabalmente, imagine que puedan dispararle si no acata las disposiciones estrictamente-. Hoy ya vivimos un estado de RESTRICCIÓN de derechos, tales como el de libre tránsito, el de libertad de comercios considerados no esenciales ¿Acaso ya lo normalizamos también? Eso sin contar los esfuerzos por acallar las redes sociales -que dejaron de ser benditas- la salida tiránica se perfila lenta, pero consistentemente.

La fragilidad de nuestra vida democrática y republicana es una realidad, el conjunto de gobernadores, poco pueden hacer por los canales institucionales, contra la necedad de quien detenta el ejecutivo federal, quien hace uso abusivo de sus poderes, jugando con la amenaza que esgrime de la UIF/FGR, sumada a mayoría de su partido en el congreso, -instrumentos todos que de autónomos tienen muy poco, pues le rinden pleitesía una vez si, y otra también- para presionar y amagar a todos sus opositores. Así, padecemos una tiranía indolente de los cientos de miles de familiares fallecidos, de los miles de millones de pesos gastados por todas las familias para curar a sus enfermos. Más dolor habremos de pasar antes de poder ponerle límites a este abuso. Antes de tener la posibilidad de llamar a cuentas al ejecutivo y sus servilistas funcionarios, con mayoría legislativa.

Es de rescatar que, la salud de nuestras familias es tan importante como la salud de nuestra democracia y de nuestro estado de derecho, tan valiosa, como nuestra propia salud, es la preservación de nuestra República Federal; y claro que mucho tendremos que hacer para fortalecerla, pero lo primero en el horizonte político es la unidad de todos para lograr el primer objetivo el 06 de junio de 2021. Hoy que la pandemia parece tomar mayor fuerza, es imperativo no solo poner a salvo nuestra propia salud y la de nuestra familia, también debemos poner a salvo nuestros derechos fundamentales -ojalá entendamos a tiempo esto-, habremos de admitir que, algunos si logran ser confundidos por los esfuerzos que hace el gobierno federal, para impedir los debates en las redes sociales y medios de comunicación, mordaza que ahora buscan imponer desde la legislación.

Este gobierno desde el mismo día que inició ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para consolidarse y permanecer en el poder más allá de lo permitido por la Constitución. Es verdad, han llegado al poder no por convencer más, sino por el enojo hacia un sexenio marcado y mediatizado por su corrupción; que se sumó a la incapacidad de generar condiciones de crecimiento económico y desarrollo social de al menos otros seis sexenios. Pero definitivamente, esta no es la salida. Para ponerlo en perspectiva, la corrupción en México ha empeorado, no se trata de un discurso político más, como pretende hacerse ver desde la presidencia de la república. Tan solo en 2019 -donde todavía no se descaraban tanto- TRANSPARENCIA INTERNACIONAL colocó a México del lugar 130 que ocupaba en 2018, en el lugar 122 entre los países más corruptos, esos ocho lugares, corresponden a 29 puntos negativos asignados tan solo en ese año.

México y los mexicanos necesitamos conocer la verdad, decirle no al ocultamiento de datos duros, abrirlos al dominio público, no podemos retroceder en esto. No prestar atención a la realidad de este proceso de imposición en marcha, es dar nuestra conformidad con la arbitrariedad, con el sometimiento del autoritarismo bajo el engaño, la distorsión de la información y la entrega de datos que no corresponden a la realidad. No deberíamos avalar por desinterés, un daño mayor a nuestras propias vidas, a nuestras comunidades, a nuestras familias y a nosotros mismos. ¡Nos leemos la próxima semana!